En el marco de la formalización del caso Sartor, que inició este jueves, se revelaron detalles financieros que ponen en entredicho el papel de Michael Clark, actual máximo accionista de Universidad de Chile, en operaciones que la Fiscalía considera clave para demostrar posibles delitos relacionados con la gestión de fondos de inversión, estafa, administración desleal, lavado de dinero, entre otros. Uno de los puntos centrales de la investigación se centra en Redwood Capital SpA, empresa fundada en 2015 por Michael Clark junto a Daniel Subelman y Felipe Soto Olgueta. Según la formalización, Clark se convirtió en el único accionista de la compañía en junio de 2023, poco antes de una transacción cuestionada por las autoridades financieras. En una audiencia se detalló que El 28 de septiembre de 2023, el FIP Deuda Privada otorgó financiamientos a Redwood por $875.000.000, crédito que aumentó hasta $901.000.000 en enero de 2024. El único aportante del FIP Deuda Privada a marzo de 2024 era el FI Sartor Táctico administrado por Sartor AGF S.A.. De esta manera, Sartor AGF prestó dinero a Clark que había sido invertido por las víctimas en dicha administradora general de fondos. Con los fondos obtenidos, Clark adquirió el Bono Nexus por $810.942.034 y posteriormente lo vendió por $1.255.299.515 a un fondo gestionado por Sartor AGF. Nexus es la sociedad controladora de la Isapre MasVida, propiedad de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg. Esta operación le valió a Michael Clark una multa de UF 65.000 ($2.654.911.350 pesos) y la inhabilitación para ser director durante 5 años impuesta por la CMF en 2025. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el Fondo de Inversión Privado Deuda Privada otorgó un financiamiento a Redwood Capital por $875 millones el 28 de septiembre de 2023. Posteriormente, la deuda aumentó a $901 millones tras la capitalización de intereses. La Fiscalía sostiene que esos fondos se utilizaron para adquirir el Bono Nexus, sociedad matriz de Isapre MasVida (de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg), por más de $810 millones y luego venderlo por $1.255 millones a un fondo gestionado por Sartor AGF. La diferencia entre ambas sumas generó una ganancia superior a los $380 millones y resultó en sanciones administrativas previas por parte de la CMF contra Michael Clark y otros miembros del directorio de Sartor AGF. Se sostiene en la formalización que Clark habría utilizado su posición dentro de la administradora para obtener financiamiento indirecto proveniente de fondos manejados por Sartor, beneficiándose económicamente mediante una operación que según la Fiscalía podría haber sido realizada directamente por los fondos administrados por Sartor. Otro aspecto investigado es el financiamiento para adquirir acciones de Azul Azul S.A. a Carlos Heller en 2021. Inversiones Cerro El Plomo (administrada por Sartor AGF) realizó contribuciones al FIP Tactical Sport para comprar el 63,07% de las acciones del grupo dueño del club Universidad de Chile. La Fiscalía menciona una serie de pagarés emitidos durante abril y noviembre del mismo año por montos superiores a los $4.300 millones y obligaciones expresadas en UF que aún no han sido saldadas. Se argumenta que recursos provenientes de inversores que podrían haber sido defraudados y pertenecientes a fondos manejados por Sartor terminaron siendo utilizados para financiar la operación que permitió tomar control sobre Azul Azul. Tanto Michael Clark como Pedro Pablo Larraín y otros exdirectivos y ejecutivos previamente habían sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la CMF debido a estos hechos. La formalización también incluye detalles sobre un contrato firmado en enero del 2024 entre el FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada para explorar la venta total o parcial del fondo propietario del club Universidad de Chile. Los honorarios acordados con esta asesoría fueron pagados por Bigsilver S.A., empresa vinculada a Patricio Kiblisky Fried. Además, información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero sugiere posibles conexiones entre financistas asociados con Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg relacionadas con el financiamiento utilizado para comprar acciones en Azul Azul. Todos estos datos serán presentados durante una formalización que se espera dure varios días y será crucial en la investigación penal contra exdirectores y ejecutivos del grupo Sartor. La Fiscalía buscará probar delitos como administración desleal, estafa e infracciones a leyes financieras mientras las defensas preparan sus argumentos para refutar las acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha realizado un cambio en la medida cautelar que afectaba a Manuel Monsalve, quien ha pasado de estar bajo arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno en relación con la investigación penal en curso. El exsubsecretario del Interior estaba cumpliendo esta medida en Viña del Mar desde que la Corte Suprema revocó la prisión preventiva que se le había impuesto anteriormente. La Fiscalía lo está investigando por presuntos delitos de violación y abuso sexual, cargos por los cuales se prevé solicitar penas que sumarían un total de 14 años de prisión. La causa se encuentra en su etapa final, tras la decisión del tribunal de ampliar en 60 días el plazo de investigación para llevar a cabo diligencias y peritajes pendientes. Una vez concluido este proceso, el Ministerio Público deberá determinar si presenta una acusación formal y solicita la apertura del juicio oral. El defensor penal público, Víctor Providel, expresó su deseo de que la investigación ya estuviera cerrada. “Nos hubiera gustado que a esta altura ya se hubiera cerrado toda la investigación”, mencionó, señalando que muchas de las diligencias pendientes fueron solicitadas previamente por la defensa y luego ordenadas por el tribunal. “Esperamos que lo más pronto posible podamos tener el resultado de esta diligencia, que se cierre la investigación y pasar a la etapa de preparación de juicio oral y juicio oral”, agregó Providel después de la audiencia de revisión de las medidas cautelares. Cuando se le preguntó sobre una controversia administrativa relacionada con la solicitud de antecedentes del caso, el abogado optó por no profundizar y explicó que el asunto está siendo revisado por la Corte de Apelaciones. “Es una discusión que se está produciendo entre instituciones, que está sujeta a la resolución de la Corte de Apelaciones”, afirmó. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de los días 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles compareció ante los investigadores de la trama bielorrusa para abordar su relación con abogados imputados y desvincular a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de los hechos bajo investigación. Según la Fiscalía de Los Lagos, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco. En este contexto, se plantea que Migueles actuó como intermediario. Sin embargo, durante su testimonio, el imputado afirmó que la exjueza no tenía conocimiento de los pagos que él recibió. Migueles explicó que el origen de los fondos se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Tras consultar a Vivanco sobre el concepto de autotutela, transmitió esa idea al abogado, lo que según él motivó los pagos posteriores. En relación a las sumas recibidas, Migueles detalló que en diciembre del mismo año recibió US$15.000, en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y posteriormente una suma adicional de US$45.000. Declaró: Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo. Respecto a estos pagos, reconoció que en su momento no cuestionó su procedencia y expresó arrepentimiento por ello. Asimismo, Migueles admitió que consideraba que se trataba de una paleteada o un favor entre amigos, asegurando que no creía haber actuado en contra de la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
El abogado Luis Hermosilla enfrenta una nueva reformalización por presuntos delitos tributarios de carácter reiterado, relacionados con sus declaraciones de renta de los años 2018 y 2019. Tras la audiencia, el tribunal decidió mantener el arresto domiciliario nocturno como medida cautelar y estableció un plazo de 60 días para la investigación. La nueva imputación se centra en las diferencias entre los ingresos reportados en las cuentas bancarias de Hermosilla y los montos informados al Servicio de Impuestos Internos. Esta acusación se suma a la investigación previa que involucra al abogado en presuntos delitos tributarios, soborno y lavado de activos, conocida como caso Audios. Según el Poder Judicial, esta causa incluye declaraciones anuales de renta falsas y otras actividades ilícitas. Según los datos presentados en la audiencia, en 2018 Hermosilla habría tenido ingresos bancarios por $471 millones, pero declaró $211 millones. En 2019, sus movimientos ascenderían a $532 millones, mientras que informó $306 millones al organismo fiscalizador. Además, la investigación revela que hubo depósitos a plazo y cheques asociados a esos mismos años por un total de $547 millones. Con estos datos, el perjuicio fiscal estimado alcanzaría los $551 millones, cifra que actualizada a 2026 rondaría los $800 millones. En esta etapa, también se han solicitado diligencias sobre el teléfono del abogado para revisar información relacionada con sus declaraciones de impuestos. La Fiscalía busca determinar si los montos cuestionados fueron omitidos deliberadamente y si forman parte de un patrón repetitivo. La arista tributaria ya había sido abordada en informes del SII, que detectaron discrepancias entre los ingresos declarados y los montos efectivamente recibidos por Hermosilla en distintos periodos. Un peritaje tributario realizado entre 2017 y 2024 también fue mencionado en este contexto. Ahora, la defensa deberá hacer frente a esta nueva reformalización mientras se mantiene la medida cautelar vigente. La Fiscalía cuenta con dos meses para completar diligencias clave antes de definir los próximos pasos judiciales. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió al caso de Galvarino Apablaza, quien no fue encontrado en su domicilio durante el intento de detención en Argentina en el marco de su proceso de extradición. En una conferencia de prensa a las afueras del Palacio de La Moneda, el canciller confirmó que el viaje del Presidente José Antonio Kast a Argentina este domingo “se mantiene”, a pesar de la fallida captura del exfrentista. Posteriormente, expresó: “Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema. El señor Apablaza es un prófugo de la justicia ”. “Estamos trabajando para hacer todo lo que sea necesario para llevarlo ante la justicia, y en esto el gobierno argentino ha sido colaborativo ”, afirmó el ministro. Por último, Francisco Pérez Mackenna destacó que “mantenemos una constante colaboración y comunicación ” con el gobierno argentino en relación al caso de Galvarino Apablaza. Fuente: ADN Radio Nacional
En el marco de la formalización del caso Sartor, que inició este jueves, se revelaron detalles financieros que ponen en entredicho el papel de Michael Clark, actual máximo accionista de Universidad de Chile, en operaciones que la Fiscalía considera clave para demostrar posibles delitos relacionados con la gestión de fondos de inversión, estafa, administración desleal, lavado de dinero, entre otros. Uno de los puntos centrales de la investigación se centra en Redwood Capital SpA, empresa fundada en 2015 por Michael Clark junto a Daniel Subelman y Felipe Soto Olgueta. Según la formalización, Clark se convirtió en el único accionista de la compañía en junio de 2023, poco antes de una transacción cuestionada por las autoridades financieras. En una audiencia se detalló que El 28 de septiembre de 2023, el FIP Deuda Privada otorgó financiamientos a Redwood por $875.000.000, crédito que aumentó hasta $901.000.000 en enero de 2024. El único aportante del FIP Deuda Privada a marzo de 2024 era el FI Sartor Táctico administrado por Sartor AGF S.A.. De esta manera, Sartor AGF prestó dinero a Clark que había sido invertido por las víctimas en dicha administradora general de fondos. Con los fondos obtenidos, Clark adquirió el Bono Nexus por $810.942.034 y posteriormente lo vendió por $1.255.299.515 a un fondo gestionado por Sartor AGF. Nexus es la sociedad controladora de la Isapre MasVida, propiedad de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg. Esta operación le valió a Michael Clark una multa de UF 65.000 ($2.654.911.350 pesos) y la inhabilitación para ser director durante 5 años impuesta por la CMF en 2025. Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el Fondo de Inversión Privado Deuda Privada otorgó un financiamiento a Redwood Capital por $875 millones el 28 de septiembre de 2023. Posteriormente, la deuda aumentó a $901 millones tras la capitalización de intereses. La Fiscalía sostiene que esos fondos se utilizaron para adquirir el Bono Nexus, sociedad matriz de Isapre MasVida (de Victoriano Cerda, Patrick Kiblisky y Jacques Gilksberg), por más de $810 millones y luego venderlo por $1.255 millones a un fondo gestionado por Sartor AGF. La diferencia entre ambas sumas generó una ganancia superior a los $380 millones y resultó en sanciones administrativas previas por parte de la CMF contra Michael Clark y otros miembros del directorio de Sartor AGF. Se sostiene en la formalización que Clark habría utilizado su posición dentro de la administradora para obtener financiamiento indirecto proveniente de fondos manejados por Sartor, beneficiándose económicamente mediante una operación que según la Fiscalía podría haber sido realizada directamente por los fondos administrados por Sartor. Otro aspecto investigado es el financiamiento para adquirir acciones de Azul Azul S.A. a Carlos Heller en 2021. Inversiones Cerro El Plomo (administrada por Sartor AGF) realizó contribuciones al FIP Tactical Sport para comprar el 63,07% de las acciones del grupo dueño del club Universidad de Chile. La Fiscalía menciona una serie de pagarés emitidos durante abril y noviembre del mismo año por montos superiores a los $4.300 millones y obligaciones expresadas en UF que aún no han sido saldadas. Se argumenta que recursos provenientes de inversores que podrían haber sido defraudados y pertenecientes a fondos manejados por Sartor terminaron siendo utilizados para financiar la operación que permitió tomar control sobre Azul Azul. Tanto Michael Clark como Pedro Pablo Larraín y otros exdirectivos y ejecutivos previamente habían sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la CMF debido a estos hechos. La formalización también incluye detalles sobre un contrato firmado en enero del 2024 entre el FIP Tactical Sport y Moonvalley Capital Asesorías Limitada para explorar la venta total o parcial del fondo propietario del club Universidad de Chile. Los honorarios acordados con esta asesoría fueron pagados por Bigsilver S.A., empresa vinculada a Patricio Kiblisky Fried. Además, información recopilada por la Unidad de Análisis Financiero sugiere posibles conexiones entre financistas asociados con Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg relacionadas con el financiamiento utilizado para comprar acciones en Azul Azul. Todos estos datos serán presentados durante una formalización que se espera dure varios días y será crucial en la investigación penal contra exdirectores y ejecutivos del grupo Sartor. La Fiscalía buscará probar delitos como administración desleal, estafa e infracciones a leyes financieras mientras las defensas preparan sus argumentos para refutar las acusaciones. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de la jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha realizado un cambio en la medida cautelar que afectaba a Manuel Monsalve, quien ha pasado de estar bajo arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno en relación con la investigación penal en curso. El exsubsecretario del Interior estaba cumpliendo esta medida en Viña del Mar desde que la Corte Suprema revocó la prisión preventiva que se le había impuesto anteriormente. La Fiscalía lo está investigando por presuntos delitos de violación y abuso sexual, cargos por los cuales se prevé solicitar penas que sumarían un total de 14 años de prisión. La causa se encuentra en su etapa final, tras la decisión del tribunal de ampliar en 60 días el plazo de investigación para llevar a cabo diligencias y peritajes pendientes. Una vez concluido este proceso, el Ministerio Público deberá determinar si presenta una acusación formal y solicita la apertura del juicio oral. El defensor penal público, Víctor Providel, expresó su deseo de que la investigación ya estuviera cerrada. “Nos hubiera gustado que a esta altura ya se hubiera cerrado toda la investigación”, mencionó, señalando que muchas de las diligencias pendientes fueron solicitadas previamente por la defensa y luego ordenadas por el tribunal. “Esperamos que lo más pronto posible podamos tener el resultado de esta diligencia, que se cierre la investigación y pasar a la etapa de preparación de juicio oral y juicio oral”, agregó Providel después de la audiencia de revisión de las medidas cautelares. Cuando se le preguntó sobre una controversia administrativa relacionada con la solicitud de antecedentes del caso, el abogado optó por no profundizar y explicó que el asunto está siendo revisado por la Corte de Apelaciones. “Es una discusión que se está produciendo entre instituciones, que está sujeta a la resolución de la Corte de Apelaciones”, afirmó. Fuente: ADN Radio Nacional
En el transcurso de los días 23 y 24 de abril, Gonzalo Migueles compareció ante los investigadores de la trama bielorrusa para abordar su relación con abogados imputados y desvincular a su pareja, la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, de los hechos bajo investigación. Según la Fiscalía de Los Lagos, se sospecha que Vivanco habría recibido sobornos por parte de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas para favorecer a la empresa CBM en un litigio contra Codelco. En este contexto, se plantea que Migueles actuó como intermediario. Sin embargo, durante su testimonio, el imputado afirmó que la exjueza no tenía conocimiento de los pagos que él recibió. Migueles explicó que el origen de los fondos se remonta a una asesoría informal solicitada por Lagos en 2023, relacionada con un conflicto judicial entre una empresa minera y Codelco. Tras consultar a Vivanco sobre el concepto de autotutela, transmitió esa idea al abogado, lo que según él motivó los pagos posteriores. En relación a las sumas recibidas, Migueles detalló que en diciembre del mismo año recibió US$15.000, en febrero de 2024 obtuvo otros US$10.000 en efectivo y posteriormente una suma adicional de US$45.000. Declaró: Entendí que esa plata venía de lo de la minera, porque no había ningún otro motivo. Respecto a estos pagos, reconoció que en su momento no cuestionó su procedencia y expresó arrepentimiento por ello. Asimismo, Migueles admitió que consideraba que se trataba de una paleteada o un favor entre amigos, asegurando que no creía haber actuado en contra de la justicia. Fuente: ADN Radio Nacional
El abogado Luis Hermosilla enfrenta una nueva reformalización por presuntos delitos tributarios de carácter reiterado, relacionados con sus declaraciones de renta de los años 2018 y 2019. Tras la audiencia, el tribunal decidió mantener el arresto domiciliario nocturno como medida cautelar y estableció un plazo de 60 días para la investigación. La nueva imputación se centra en las diferencias entre los ingresos reportados en las cuentas bancarias de Hermosilla y los montos informados al Servicio de Impuestos Internos. Esta acusación se suma a la investigación previa que involucra al abogado en presuntos delitos tributarios, soborno y lavado de activos, conocida como caso Audios. Según el Poder Judicial, esta causa incluye declaraciones anuales de renta falsas y otras actividades ilícitas. Según los datos presentados en la audiencia, en 2018 Hermosilla habría tenido ingresos bancarios por $471 millones, pero declaró $211 millones. En 2019, sus movimientos ascenderían a $532 millones, mientras que informó $306 millones al organismo fiscalizador. Además, la investigación revela que hubo depósitos a plazo y cheques asociados a esos mismos años por un total de $547 millones. Con estos datos, el perjuicio fiscal estimado alcanzaría los $551 millones, cifra que actualizada a 2026 rondaría los $800 millones. En esta etapa, también se han solicitado diligencias sobre el teléfono del abogado para revisar información relacionada con sus declaraciones de impuestos. La Fiscalía busca determinar si los montos cuestionados fueron omitidos deliberadamente y si forman parte de un patrón repetitivo. La arista tributaria ya había sido abordada en informes del SII, que detectaron discrepancias entre los ingresos declarados y los montos efectivamente recibidos por Hermosilla en distintos periodos. Un peritaje tributario realizado entre 2017 y 2024 también fue mencionado en este contexto. Ahora, la defensa deberá hacer frente a esta nueva reformalización mientras se mantiene la medida cautelar vigente. La Fiscalía cuenta con dos meses para completar diligencias clave antes de definir los próximos pasos judiciales. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se refirió al caso de Galvarino Apablaza, quien no fue encontrado en su domicilio durante el intento de detención en Argentina en el marco de su proceso de extradición. En una conferencia de prensa a las afueras del Palacio de La Moneda, el canciller confirmó que el viaje del Presidente José Antonio Kast a Argentina este domingo “se mantiene”, a pesar de la fallida captura del exfrentista. Posteriormente, expresó: “Valoramos el esfuerzo y disposición del gobierno argentino en ayudar en este tema. El señor Apablaza es un prófugo de la justicia ”. “Estamos trabajando para hacer todo lo que sea necesario para llevarlo ante la justicia, y en esto el gobierno argentino ha sido colaborativo ”, afirmó el ministro. Por último, Francisco Pérez Mackenna destacó que “mantenemos una constante colaboración y comunicación ” con el gobierno argentino en relación al caso de Galvarino Apablaza. Fuente: ADN Radio Nacional
